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Las políticas lingüísticas no han sido ajenas al contexto político en que se han formulado. El reforzamiento de algunas medidas en esa materia se produjo en tiempos previos al acuerdo de Estella. Había que simbolizar en el mundo del euskera lo que podía significar la unidad de acción nacionalista. Hoy, en ofensiva soberanista, el euskera debe ser la lengua principal en la enseñanza.


Es curiosa la capacidad que poseen los políticos de declarar que algo padece estado de debilidad, y a pesar de todo, someter a ese algo a procedimientos capaces de acabar con lo más fuerte y estable que se pueda pensar. Comenzó ya el Estatuto de Gernika, tratando de colocar al euskera en condiciones de ventaja, denominándola lengua propia de Euskadi, de la sociedad vasca. Sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo era someter a la lengua minoritaria a la presión de cargar con la pretensión de ser la más importante.

Casi toda la historia de la politica lingüística de estos treinta años ha seguido la misma senda: tratando de mejorar la condición social de la lengua minoritaria, del euskera, someter a ésta a procedimientos que habrían sido capaces de matar a un elefante. Todo era poco para el euskera: ayudas y promoción en la enseñanza, puesta a su disposición de los medios de comunicación públicos, ingentes cantidades de dinero, protección y promoción jurídica, discurso público oficial inatacable si no se quería agenciar la condena de todo el mundo por estar en contra del euskera.

Remedando el eslogan del despotismo ilustrado, se podría afirmar que se ha hecho todo por el euskera, pero sin el euskera. Porque no existe lengua viva sin corpus de hablantes. Pero la mayoría de las políticas se han hecho sin contar con los hablantes reales. Han sido políticas para producir hablantes de retorta, no para impulsar la lengua a partir de los hablantes reales existentes.

Lo que debió ser alfabetización pasó a ser euskaldunización. Lo que tenía que haber sido estandarización de la lengua escrita pasó a ser imposición de una modelo estándar sin entonación ni calidad. Los recién ascendidos a euskaldunberris, nuevos euskaldunes, fueron los encargados, muchas veces, de la producción escolar de nuevos hablantes del euskera.

Lejos quedaban los consejos del primer Consejo Asesor del Euskera (1982): Ante una situación como la descrita el Gobierno vasco no cree que las cosas se puedan cambiar de la noche a la mañana; no cree que la mejora de la situación sea cuestión de mera voluntad; no cree que las soluciones estén tan claras como a veces parece, y por ello no cree que la cuestión radica en poner dinero y los medios necesarios; en opinión del Gobierno vasco existen condiciones que escapan de sus manos y de las de cualquier otra institución, y que determinan el futuro del euskera, tanto para lo bueno como para lo malo; en opinión del Goierno vasco no será el activismo sólo el que salve al euskera; junto a las acciones necesarias serán imprescindibles las reflexiones y los análisis para tener claros la dirección y el porqué de las mismas.

Pero ahora resulta que toda la reflexión llevada a cabo se ciñe a unas estadísticas acerca del rendimiento de los distintos modelos lingüísticos en la enseñanza para alcanzar una competencia adecuada en euskera. Ni el modelo D se salva. Mucho menos, el modelo B. Pero, sobre todo, es el modelo A el que queda condenado, que es de lo que se trataba. Y ahí acaba toda la reflexión. Una reflexión que tiene como consecuencia el invento de una nueva lengua: la lengua principal. Debe ser el euskera. Por nombres que no quede.

Parece que el meollo de la nueva política lingüística radica en la necesidad de que el sistema escolar produzca vascoparlantes con suficiente nivel de competencia. Un nivel de competencia medido en comparaciones con estándares de otras lenguas, por supuesto. Y todo ello adobado con el argumento de que lo exige la Ley de Normalización del Uso del Euskera de 1982. Una lengua en la que se concentra el consenso que debe rodear todo lo relacionado con el euskera. Y con el argumento del consenso conseguido por dicha ley se acaba toda la discusión para el discurso oficial. Porque se supone que dicho consenso implica un consenso en torno a lo que lingüísticamente debe ser la sociedad vasca: una sociedad de bilingüismo perfecto, una sociedad en la que todos y cada uno de los ciudadanos son capaces de manejarse en igualdad de condiciones y en condiciones perfectas en ambas lenguas.

Pero eso no aparece por ninguna de la partes en la Ley del 82. En dicha Ley se dice que todos los ciudadanos vascos tienen derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales (art. 5º, b). En el art. 15 se dice: Se reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos. A tal efecto, el Parlamento y el Gobierno adoptarán las medidas oportunas tendentes a la generalizaciòn progresiva del bilingüismo en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en el art. 17 se puede leer: El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria...

Nadie dudará que la referencia a un conocimiento práctico suficiente puede ser interpretada de formas distintas y puede tener contenidos distintos. Por eso el primer Consejo Asesor del Euskera llega a decir: Si el concepto de bilingüsimo que se utiliza en el País Vasco de forma principal es el citado aquí en primer término, es decir, el del bilingüismo completo, es preciso decir que ni en Europa ni en el resto del mundo existe una sociedad así (...). Por todo ello se puede decir y se debe decir también lo siguiente: una meta más racional que llegar al blingüismo completo radica en reducir poco a poco la diglosia. Para ello será necesario analizar en qué ámbitos y temas es importante superar en primer lugar la diglosia.

La propuesta de declarar en todo el proceso educativo preuniversitario al euskera como lengua principal no está cubierta ni por la Ley de Normalización del uso del euskera, ni por el consenso que se le supone a dicha ley, ni por las orientaciones básicas dictadas por el Consejo Asesor del Euskera en el inicio de su andadura. Es más: invitan a reflexionar sobre el tipo de bilingüismo alcanzable en una sociedad como la vasca. Pero no obligan a entender que el único bilingüismo admisible por ley sea el bilingüismo completo, aquél en el que todos y cada uno de los ciudadanos vascos fueran igualmente competentes, y competentes a la perfección en ambas lenguas.

Lo más normal será que unos se empleen mejor en euskera, pero puedan entender el español y con ello no obliguen a cortar ninguna conversación iniciada en esta lengua, y que otros se manejen mejor en español pero puedan entender lo suficiente el euskera para no cortar la conversación iniciada en esta lengua. Lo importante debería ser avanzar hacia la posible comunicación sea cual sea la lengua en la que se inicie. No metas inalcanzables que obligan a propuestas de política lingüística para el sistema escolar que quiebran derechos humanos básicos.

La sociedad vasca, de ser, será una sociedad de bilingüismo asimétrico. Cuanto antes lo interioricemos, mejor para todos. Y para ello puede servir percatarse de que las políticas lingüísticas, en su concreción, no han estado separadas del contexto general político en el que se han formulado. Para no entrar a analizar toda la historia, el reforzamiento de algunas medidas de política lingüística, hasta el extremo de anunciar un plan para la normalización del uso del euskera, es decir, del esfuerzo de la Administración para entrar a regular asuntos de incumbencia totalmente privada, se produjo en los tiempos previos al acuerdo de Estella-Lizarra. Eran momentos en los que había que simbolizar en el mundo del euskera lo que podía significar la unidad de acción nacionalista a alcanzar en aquel nefasto acuerdo. Había que dar paso a AEK minimizando a HABE, había que dar paso a la creación de un periódico en euskera fuera del control público, había que consolidar las estructuras empresariales y societarias que controlaban el mundo de servicios en y para el euskera.

Ahora nos encontramos con otra propuesta de política linguística dirigida al sistema escolar engarzado en el contexto de la propuesta de Ibarretxe, una propuesta que algunos llaman soberanista, una propuesta centrada en el derecho a decidir, fórmula que se empeña en tapar el derecho de autodeterminación. Y por eso, de forma paralela, el euskera debe ser la lengua principal de la enseñanza. Sin analizar realmente lo que realmente está sucediendo con el euskera en el sistema escolar, el riesgo de convertirla en lengua académica, pero no de uso social normal, no de comunicación de la vida diaria, el riesgo de producir un 'euskeranto' plastificado, al que ahora llamaremos lengua principal, sin analizar lo que supone no fiarse de la eficacia de nuestro sistema escolar, ni siquiera del modelo D, pues se exige un examen añadido para reconocer la competencia lingüística, el EGA, único caso en el mundo: una política llena de fórceps que en lugar de ayudar a un buen nacimiento conllevan el peligro de ahogar al recién nacido. Aunque hablemos en principal.

Joseba Arregi, EL DIARIO VASCO, 1/4/2008


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