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El padre que hizo huelga de hambre puede perder a sus hijos por defender el derecho al castellano
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Defender la enseñanza en castellano en Cataluña puede costarle a Carmelo González la custodia de sus hijos. El abogado de su esposa le ha hecho llegar una demanda de divorcio en la que se asegura que González está «obsesionado» y en permanente «cruzada» contra cualquier «manifestación social en lengua catalana», por lo que entiende que no es apto para cuidar de los dos niños de la pareja.
La demanda, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, tiene como objetivo desacreditar al padre de los niños por sus opiniones políticas. Y en esa campaña de descrédito todo vale, incluso sacar a la luz correos electrónicos personales de Carmelo González. Este médico de profesión es un activista por el bilingüismo en las escuelas que hace más de dos años quiso hacer público su caso ayunando durante 24 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, frente al Palacio de la Generalitat.
Hoy, González vuelve a ser noticia por un caso igual de lastimoso. Sus reivindicaciones cívicas han salpicado el proceso de divorcio de su esposa en el que está inmerso desde hace unas semanas, porque ella intenta ahora utilizarlas en su contra para quedarse con la custodia de los hijos de ambos.
La demanda, que recoge con profusión todas las acciones públicas de González, empieza diciendo que «para nada se pretende cuestionar» su ideario político, y manifiesta su «respeto» por las opiniones «y las diversas ideologías enmarcadas en nuestro Estado de Derecho». Sin embargo, esta declaración de principios choca con los párrafos siguientes del documento, que ponen en duda su capacidad como padre en base precisamente a ese ideario, que más adelante llega a calificar de «extremista».
En opinión de la defensa de la esposa de González, éste ha utilizado como «principal arma de ataque y defensa pública» a su propia hija de siete años. Por ejemplo, cuando emprendió su huelga de hambre y otras acciones reivindicativas, que le han granjeado, según el escrito, una imagen «de persona contundente, hostil y autoritaria».
También se dice que González se ha enfrascado en una «cruzada personal» contra «cualquier manifestación social en lengua catalana». Prueba de ello, se asegura en el texto, es que «no permite a sus propios hijos relacionarse con ninguna persona o amigo que hable en catalán». Además, se acusa al demandado de «haberse enemistado con la dirección del centro escolar» de su hija, y se afirma que «la mayoría de los padres del resto de alumnos también está denunciando la actitud del señor González».
Este diario se puso en contacto con el demandado, que negó la mayoría de acusaciones que contiene el documento. «En primer lugar, nunca ha salido una foto de mi hija en ningún sitio, ni siquiera su nombre. Por tanto, es falso que la utilizara en mis reivindicaciones», afirmó González. También calificó de «absurda» la afirmación de que prohíbe a sus hijos relacionarse con catalanohablantes, negando en redondo ese hecho.
En la demanda de divorcio de su mujer, por contra, se dice que «su extremismo político está provocando que sus propios hijos puedan empezar a tener problemas de comunicación con el resto de alumnos», y añade que «ya hay una ruptura de relaciones con el resto de padres». Como prueba de ello, la demanda adjunta el recurso de alzada que González interpuso ante el Departamento de Educación de la Generalitat para pedir clases en castellano para su hija. Curiosamente, ese documento oficial lleva también la firma de la madre, la misma que ahora denuncia a su esposo por extremista.
La demanda llega a acusar a González de sufrir una «inadaptación social» que está «trasladando» a sus hijos. Según el texto, el hecho de que se defienda una educación bilingüe «bien seguro va a provocar» que sus hijos «tengan problemas para relacionarse con el resto de niños, por no decir cómo son vistos por el resto de padres y profesorado». «Los daños pueden ser muy graves» en la socialización de los dos hijos, concluye el texto.
Mención aparte merece el apartado que el escrito dedica a la vida doméstica de González, su esposa y sus hijos. «Podemos decir que la familia del señor Carmelo González está viviendo una verdadera inquisición en su hogar», asegura. Y dedica unas líneas a explicar lo que los demandantes entienden por «inquisición»: por ejemplo, que supuestamente esté «prácticamente prohibido escuchar y leer cualquier medio de comunicación que utilice el catalán»; o que se haga «boicot permanente al cava catalán y a todos los productos fabricados o producidos en Cataluña o etiquetados en catalán».
Entre los documentos que se incluyen en la demanda sobresale también un correo electrónico personal enviado por González a su esposa en el que le reprocha haber montado una fiesta de cumpleaños para su hijo en las instalaciones de un club deportivo que no era de su agrado. «No sé cómo te atreves a organizar algo así en un sitio que sólo se anuncia en catalán», le dice a su esposa en esa comunicación privada, que ella no duda en airear para pedir la custodia de sus hijos en el proceso de divorcio.
Los demandantes interpretan que todos estos supuestos hechos derivan en que González está coartando la libertad de los pequeños. «¿Acaso es correcto educar a sus hijos, que viven y residen en Cataluña, prohibiéndoles vivir con normalidad la existencia del catalán y el castellano?», se pregunta la demanda, dando por hecho que González mantiene esa restricción sobre los niños. «El señor González no entra en un establecimiento en el que el letrero esté en catalán, ni quiere que su familia utilice absolutamente nada que se presente en catalán», añade.
Los reproches para justificar la petición de divorcio alcanzan también a la época en que el doctor González participó más activamente en política. El 27 de mayo de 2007 se presentó como candidato a alcalde por Ciutadans -partido en el que militaba- en Sitges, localidad a 35 kilómetros de Barcelona en la que reside. Durante un mitin dijo: «Nosotros defendemos el cumplimiento de la Ley en Cataluña y el respeto a sus órganos soberanos de gobierno. ¿Ellos qué defienden? ¿Quiénes son los fascistas?». Eso sirve a la defensa legal de su esposa para afirmar que González «entiende que hoy en día nuestro país lo rige un sistema fascista», y para preguntarse de nuevo: «¿Cómo va a educar a sus hijos?».
Sin recompensa por sus dobles esfuerzos
Ninguno de sus esfuerzos ha conseguido que sus hijos puedan estudiar en castellano. Fracasó cuando, amparándose en la Ley de Política Lingüística de 1998, reclamaba el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, catalán o castellano. Y volvió a naufragar el día que vio que el cambio de colegio y la opción de un centro privado en inglés no garantizaban más horas lectivas en castellano que en catalán. Pese a los 650 euros que pagaba por cada uno de sus hijos, éstos no recibían más clases de lengua española.
Tras la negativa de la Generalitat a darle un derecho reconocido por ley, González optó por esperar a fin de curso para no avivar el conflicto con la dirección del centro e iniciar el siguiente curso en otra escuela que le permitiera olvidar una situación discriminatoria. La realidad, en cambio, fue la de topar con un centro donde la lengua vehicular cambiaba, pero donde el castellano era imposible reconocerlo en el horario escolar de los cursos de primaria. El catalán, otra vez, sí; en dos asignaturas.
Preguntada, la dirección del centro argumentaba que era necesario que los niños se habituaran con «el entorno lingüístico», donde, según los preceptos del centro, «se usa el catalán». Después, se le expuso el hecho de que el catalán era más difícil de aprender y por eso se apostaba por esa lengua para impartir determinadas materias.
LAS ACUSACIONES
Sobre su hija: «Está radicalizando su discurso y su principal 'arma' de ataque y defensa pública está siendo su propia hija».
Carácter: «Lo que es importante no es esta defensa política [...], sino que se ha mostrado contundente, hostil y autoritario».
Protección: «No permite a sus propios hijos relacionarse con ninguna persona o amigo que 'hable en catalán'».
Riesgos: «Su extremismo político está provocando que sus hijos puedan tener problemas de comunicación con el resto de alumnos. Ya hay una ruptura de relaciones con el resto de padres».
Sistema en Cataluña: «Entiende que hoy en día nuestro país lo rige un sistema fascista. ¿Cómo va a educar a sus hijos?».
EL MUNDO, 13/10/2008
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