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El Concierto Económico y la financiación autonómica
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Transcripción de las intervenciones durante la conferencia de Ángel de la Fuente, subdirector del instituto de Análisis Económicos del CSIC, titulada 'El Concierto Económico y la financiación autonómica'. Un acto organizado por la Fundación para la Libertad el 23 de octubre de 2008 en Bilbao. (Galería de fotos del acto)
Presenta Ignacio Martínez Churiaque
La Fundación para la Libertad sigue siendo un punto de encuentro entre constitucionalistas heredero del movimiento cívico contra el nacionalismo violento. Son dos razones por las que ustedes han decidido emplear su ocio para estar aquí; quizá también su lealtad a esta Fundación. Las dos razones son siempre el tema y el conferenciante. El tema del sistema de financiación autonómica y las particularidades del Concierto vasco, lo que pone de manifiesto es que a raíz de la reforma democrática del Estado se trata de acercar esa administración pública a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos. El objetivo era dotarnos de una actuación del sistema público que nos hiciera más eficaces. Y esto tiene sus luces y sus sombras. Sus luces, porque posiblemente haya habido una reducción de la desigualdad entre los ciudadanos de diferentes autonomías. En el año 55 el PIB por habitante era el 190% de la media española. Y hoy en día, en 2005 estamos en el 130%. Ha habido cierta eficacia contrastada. Pero no podemos ignorar las sombras que rodean todo este proceso de institucionalización del sector público. Tenemos un maremágnum normativo, hemos pasado de esos 600.000 funcionarios a tres millones; un exceso de ineficacias y de costes que no generan valor. Desde la anterior legislatura todas estas sombras han podido quizá agravarse. Por dos cosas: porque se ha iniciado un proceso de reforma de los estatutos de Cataluña, de Aragón, Andalucía, en el que junto a otras cuestiones son preocupantes todas esas disposiciones que contienen los estatutos, que lo que hacen es condicionar el sistema de financiación autonómica. Todos ellos fijan criterios de financiación no coincidentes: la población, la población efectiva, el envejecimiento de ésta… O la excepción geográfica. Criterios que dificultan actuar con rigor en el sistema de financiación. Y otras veces esos mismos estatutos nos vienen a fijar criterios de inversión en infraestructuras, y también con criterios diferentes. El Estatuto de Cataluña dice que el Estado tiene que invertir la tasa de PIB de Cataluña respecto del resto de la nación, otras comunidades dicen que tiene que ser el PIB producido por cada comunidad pero corregido por la población o la extensión territorial. Todo ello condiciona los presupuestos generales del Estado en sus criterios de financiación de las autonomías, junto a la posible pérdida de constitucionalidad de algunas de esas disposiciones por afectar a otras leyes orgánicas o incluso de rango superior.
Además, toda esta modificación estatutaria se ha visto agravada porque en una mayoría de los estatutos modificados hay un incremento de las peticiones de transferencia de competencias normativas en lo que se refiere a la obtención de los impuestos. Así cada vez más hay mayores competencias normativas en IRPF, en patrimonio, en los de actos jurídicos documentados. Ha habido transferencias de competencias normativas y de apropiación de los rendimientos de estas cada vez más hacia las comunidades autónomas. Todo ello conduce a un actual sistema de reparto donde posibles criterios de bilateralidad están atentando contra lo que era la Administración pública central. Es cierto que en algunos sitios se dice, para reducir la carga del problema, que los alarmistas hablan de la ruptura de la unidad de España. Esto no es posible, una generación de españoles nos podemos volver locos, porque no podemos ir contra el papel pasado ni futuro. Alguna vez se acabará con toda esta sobrevaloración de los localismos. Pero lo importante es insistir en la reducción del peso de la Administración pública central. Lo que preocupa es que la bilateralidad es la que más directamente se lanza como amenaza que conduce a la fragmentación de España en el sentido de fragmentación del Estado. Es decir, a que el Estado pierda la capacidad que debe tener para producir la igualdad en la sanción de los impuestos a los ciudadanos y, sobre todo, en las prestaciones públicas. Es cierto que en esa bilateralidad hay un ejemplo, el de las autonomías forales, los viejos territorios forales.
Aquí no nos debe preocupar tanto el que nosotros con ese respeto por la Constitución y el Estatuto reconocido ahora por los tribunales europeos, tengamos reconocidas competencias normativas en el ámbito fiscal y al mismo tiempo deberes de corresponsabilidad con el resto de los españoles, la presión media efectiva en términos de igualdad con el resto de los españoles. Lo preocupante es que lo que no debe estar en crisis ni cuestionarse es la existencia misma del Concierto, sino la mala utilización de éste para producir desigualdades. De ahí vienen consideraciones de preocupación, cuando vemos que con el último Cupo cerrado, el de 2007, nuestro famoso 6,24 de aportación a las cargas no transferidas, 5.600 millones de euros, en cambio a través de la negociación política entre particulares el Cupo líquido queda reducido a unos escasos 1.300 millones. Esto es lo que puede atravesar por una pérdida de nuestro sentido de la responsabilidad con el resto de los españoles. Es lo que nos preocupa a quienes queremos mantener la actual arquitectura legal sin renunciar a ese principio de igualdad en obligaciones y prestaciones.
Para darnos luz sobre un tema tan complicado como éste, hemos tenido la suerte de contar con alguien con enormes cualidades personales y humanas como Ángel de la Fuente, especializado en el análisis de las causas que determinan el crecimiento económico y la economía regional. Uno de los españoles más expertos en este área. Ha sido consultor para la Unión Europea y para el Banco Mundial y la OCDE. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Instituto de Análisis Económicos del CSIC. Y sé que no le gusta, pero se puede decir que no es sólo uno de los profesionales más expertos en el área, es que es una de las personas más firmemente defensoras de la recuperación de esos poderes de la Administración central para evitar algunos de los desbarajustes que estamos viendo en la confección de nuestros Estado autonómico. Gracias por haber aceptado esta invitación.
Ángel de la Fuente
Me ha hecho mucha ilusión esta invitación. La Fundación y el resto del movimiento cívico vasco siguen siendo un ejemplo y un referente para mucha gente en el resto de España, y especialmente en Cataluña, donde también estamos sometidos al ‘raca raca’ nacionalista, aunque gracias a Dios no con estos extremos. Sabemos lo que habéis pasado y por lo que seguís pasando y estamos con vosotros. Segundo comentario: debo pedir perdón porque lo que os voy a contar es un auténtico ‘peñazo’. Es un tema de contabilidad, y la contabilidad, incluso la creativa que hay detrás del Cupo, es bastante árida. Pero detrás del aburrimiento hay un mensaje importante. Y claro que tiene que ver con la ruptura del principio de igualdad. Voy a hablar del Concierto, de algunos aspectos. Tiene varias facetas. Por un lado, es el marco legal que define y limita la autonomía legal de las instituciones vascas, de las diputaciones y del Gobierno vasco. Es lo que dice hasta qué punto se pueden subir y bajar impuestos, qué margen de reacción hay, qué puntos de encuentro tiene con el sistema tributario estatal, quién recauda qué... Por otro lado, define las relaciones financieras entre el Estado y las instituciones vascas. Aquí hay dos aspectos. La delimitación del Cupo, la contribución del País Vasco a la financiación de los servicios generales que el Estado sigue prestando, y establece mecanismos de compensación entre las haciendas forales y la estatal. Porque una cosa es dónde se recaudan los impuestos y otra quién los soporta; y hay que buscar formas de adecuar el reparto para que se quede los impuestos el que toca, porque es el que ha soportado la carga. Estamos hablando de los ajustes por IVA y especiales. Hay dos partes: una normativa de autonomía y otra de relaciones financieras. Y en otro nivel de cosas, hay dos partes, el fuero y el huevo. Una, la peculiaridad institucional vasca y por otro lado las implicaciones financieras de esto, el dinero. Lo que me interesa más es lo segundo, el huevo.
No cuestionamos la Ley del Concierto –ojalá se aplicara–, sino el resultado del Cupo. Hablaré de cómo se fija el Cupo en teoría y de las trampas que hay detrás, de la corrección por déficit y cómo se valoran las cargas no asumidas, cómo se hace la corrección por IVA. Al final la pregunta es si el País Vasco paga o no lo que debe a la Hacienda central, tomando como dada la ley del Concierto. Habría que hablar mucho sobre ella, pero dada esta ley se paga o no lo que se debería. Y la respuesta es un claro no. Tal y como se ha aplicado el Concierto en la práctica es un enorme chollo para el País Vasco y una cosa enormemente insolidaria, inconstitucional y en muchos sentidos un fraude de ley porque no se está aplicando la Ley del Concierto.
La teoría, cómo se calcula el Cupo. Las instituciones vascas gestionan, establecen y recaudan los impuestos. Se quedan con el dinero y lo usan para dos cosas: para pagar la parte que les corresponde de coste de los servicios generales del Estado y para disponer libremente del resto para financiar sus propias competencias. La idea es que diputaciones y gobierno autonómico se lo monta sólo en sus competencias. No aporta nada al Estado, pero tampoco recibe nada, sufraga sus competencias con sus propios recursos. Se instrumenta en teoría y en la práctica. El Cupo ajustado por déficit, que es la corrección más importante, se calcula usando la fórmula de multiplicar el índice de imputación o fracción de los gastos comunes que le toca pagar al País Vasco por la diferencia entre dos cantidades: gastos o cargas no asumidos, el del Estado en toda España, no transferidos, la parte que os toca de las competencias no asumidas; a la que se resta una corrección por déficit, se deduce del total a pagar. Porque sin esta corrección pagaría dos veces por lo mismo: cuando se produce el gasto y con los intereses que genera en el futuro la carga no asumida. La Ley del Concierto, además de fijar la fórmula, tiene principios y directrices que en la práctica se incumplen. Se habla de la solidaridad según los términos previstos en el Estatuto. Dice que se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad aquellas cuyo ejercicio no haya sido asumido en la práctica. Es un poco circular. Pero quiere decir que habrá de pagar por aquello que no haga. Entre estas, se especifican tres, y otras abiertas: el fondo de compensación interterritorial, dinero destinado a subvencionar proyectos de inversión en regiones atrasadas, ayudas al desarrollo que en la práctica son cuatro duros; y luego los intereses y las cuotas de amortización de las deudas del Estado. No está claro por qué están aquí las cuotas de amortización, pero bueno. En índice de imputación se dice que se fijará en función de la renta del País Vasco en relación al Estado y que el ajuste por IVA se hará tomando como referencia el peso del País Vasco en el consumo familiar a nivel del conjunto de España. No se dan más detalles. Éstos se fijan en las leyes quinquenales del Cupo, que es donde se especifica cómo se hace la cosa. En la práctica, se fijan, más que en el texto de la Ley, en un anexo al final, donde van los números.
La primera trampa es la forma en que se implementa la corrección por déficit. Porque en la práctica se hace de manera en que a pesar de que la ley dice que los intereses de la deuda del Estado, que es mucho dinero, hay que ayudar a pagarlos, desaparecen. Las cifras aparecen en los presupuestos del Estado y es una contabilidad bastante rara, no se usan los mismos conceptos, sino de caja. Entre los gastos están los vencimientos de la deuda que en realidad no son gastos sino otra cosa. Lo meten aquí. El déficit se interpreta en la práctica como la diferencia entre los gastos totales presupuestados y los ingresos. Como el gasto incluye intereses y vencimientos pero el presupuesto no incluye las emisiones de deuda, hay una asimetría curiosa. En cualquier caso, el gasto se puede partir en dos, la ecuación dos nos dice que el gasto del Estado a efectos de cálculo del Cupo es la suma de tres cosas, el gasto no financiero, normal, os intereses de la deuda y los vencimientos de la deuda. Por otra parte, la ley dice que el gasto no asumido incluye intereses y vencimientos, así que el gasto no asumido lo podemos escribir como la suma de gasto no financiero no asumido, los intereses y los vencimientos. Si sustituimos estas dos expresiones en la ecuación de cálculo del Cupo vemos que los intereses y los vencimientos desaparecen de la fórmula. Que desaparezcan los vencimientos es lógico, no deberían haber estado. Pero lo de los intereses es otra historia. Muchos miles de millones de euros. Esa desaparición es inconsistente con la lógica de la corrección por déficit. Al desaparecer, eximimos al País Vasco a contribuir a la deuda inicial del Estado instaurada antes de que se hiciera el Concierto. La historia pasada genera un déficit y unos intereses que el País Vasco no paga. Es la primera trampa y son muchos millones de euros.
La segunda tiene que ver con la valoración de las cargas no asumidas. Cómo valorarlas. Si miramos los números de la ley del Cupo, son muy bajos ya de entrada. Si quitamos las cargas financieras de los intereses y vencimientos, que en la práctica no se dan, nos encontramos con este cuadro. En principio, la ley del Cupo dice que las cargas no asumidas que hay que ayudar a pagar son sesenta y pico mil millones en 2002. Ochenta y siete mil en 2007. Es mucho dinero, suena bien. Pero quitamos 17.000 de intereses y 24.000 de vencimientos, las cargas no financieras no asumidas son sólo 36.000 en 2007. El gasto no financiero del Estado en sentido estricto –aquí no están ni los organismos autónomos ni la Seguridad Social– son ciento y pico mil millones. En principio, el Cupo dice que el País Vasco tiene que ayudar a pagar una cuarta parte del gasto estatal. A primera vista parece sorprendente. La mayor parte de las competencias con gran volumen de gasto ya ha sido transferida a las comunidades. El Estado se dedica básicamente a producir cosas de interés general, servicios de Defensa, Exteriores, gestión de la economía. Son cargas no asumidas que habría que ayudar a pagar. Si nos dicen que sólo una cuarta parte, es mosqueante. Es verdad que hay excepciones a esta regla general. Tres. Primero hay una serie de competencias comunes no transferidas totalmente. En Ceuta y Melilla la Educación y la Sanidad las sigue gestionando el Estado. Los medios al servicio de la Justicia están transferidos en unas comunidades, no a todas. Hay cosas que deberían hacer las comunidades que hace el País Vasco que algunos sitios no hacen todavía. Son cargas asumidas y que no habría que contabilizar en el Cupo. Segunda, y a pesar de que hay competencias peculiares de las administraciones vascas, que otras no tienen: la gestión tributaria de los grandes impuestos estatales. El IRPF aquí lo recaudan las diputaciones y en otros sitios, gracias a Dios y por muchos años, el Estado. También está la financiación de las entidades locales. En otras regiones viene de transferencias estatales. Aquí ese papel lo cubren las diputaciones. Y otra competencia especial es la de policía y tráfico. En la mayor parte está la Policía Nacional y aquí está la Ertzaintza. Son gastos estatales que no habría que contabilizar. La tercera excepción, más difusa, es que hay una serie de áreas que el Estado gana poco o nada aquí pero sí gasta en otros sitios. No está claro, pero funciona así en la práctica. Las dos más importantes son las carreteras y las prestaciones no contributivas y asistenciales. La mayor parte de España se financia con dinero estatal. Todas las comunidades tienen competencias en esto, pero la red es de interés general. Hay que tenerlo en cuenta.
Con todo esto hacemos las cuentas. ¿Cuánto se gasta el Estado en todas estas cosas que efectivamente no habría que tener en cuenta al calcular el Cupo? Lo que quede sería la parte de gasto de interés general y serviría para el Cupo. Veamos si es o no razonable la valoración de la ley. Intentar recuperar los números es complicado porque la información presupuestaria no es tan detallada como me gustaría para hacer esto con ciertas garantías. Y porque la bendita Ley del Cupo no te dice qué está contabilizando en cada partida. Hay cosas claras y otras no. Hay un margen de error bastante claro. Pero dada la diferencia entre las dos valoraciones, por muy grande que sea el error aquí pasan cosas raras.
Los números. Las competencias todavía no transferidas a todos, en 2002 todavía un buen pellizco de Sanidad, el último año de transferencia, 11.000 millones. En 2007, sólo 2.000. Competencias atípicas (gestión tributaria, financiación local, policía): 20.000 en 2007. Las cosas que aquí hace la comunidad y en otros sitios el Estado, carreteras y prestaciones sociales: 10.000 millones. Y una serie de cosas que razonablemente habría que tener en cuenta, subvenciones y partidas como contribuciones sociales a las mutuas de funcionarias; de ésta, la parte que corresponde a las nóminas de funcionarios que hacen cosas transferidas y ajustes en esta línea. Si sumamos, hay cargas no asumidas por cálculo directo por valor de 40.000 millones; las asumidas son 40.000 y según el Cupo entre 80 y 100.000 millones. Aun siendo consciente del margen de error, la conclusión es que la valoración que se hace y no se explica está muy sesgada a la baja. Hay una partida importante que puede bailar que yo catalogo como carga no asumida y que otra gente no, no es toda la diferencia, pero es un buen pellizco. Es la nivelación territorial. Fondo de suficiencia, el dinero complementario que el Estado hace llegar a las comunidades más pobres para complementar sus ingresos por impuestos cedidos. Redistribución y solidaridad que permite que los hospitales extremeños no sean tan distintos de los madrileños. Por definición, es una competencia estatal, sólo la puede hacer el Estado. Por su naturaleza no puede ser asumida por el País Vasco. Hay que calcular. Hay gente que no estará de acuerdo porque dirá que al final esto se gasta en educación, sanidad, etcétera, que sí son cosas que gestiona la Comunidad Autónoma Vasca. Es discutible. Pero si la quitamos, la diferencia entre lo que sale del cálculo y lo que encuentra en la ley del Cupo es dramática. Resumen: ¿es razonable el Cupo? Ni de coña. El País Vasco paga menos del 40% de lo que debería pagar, sin tocar la Ley del Concierto. No es el marco, sino la aplicación, lo que deja bastante que desear.
Los números desglosados de otra forma. La primera columna es la valoración de la ley del Cupo después de la trampa por el déficit. La segunda es la alternativa que acabo de resumir y la tercera es la diferencia. Estamos hablando de resultados netos. Hay varias partidas. Una por intereses de la deuda del Estado que a efectos prácticos la aportación vasca es de cero euros y que si se aplicase el 6,21, peso del País Vasco en el PIB nacional, el índice de imputación lógico, tendría que ser 1.100 millones de euros. Luego la nivelación territorial, el fondo de suficiencia. Sería de 1.400 millones en 2002. Mil millones por intereses, dos mil por nivelación en 2007; la diferencia en la valoración de las otras cargas no asumidas supone pasar de 2200 millones a más de 4.000. El total, pasar de 2.200 a 7.000, cinco mil de diferencia, más al corrección por el déficit no financiero que es la misma en los dos años. La única diferencia, pequeña, viene de usar el 6,21 en vez del 6,24. El resultado real, efectivo de la Ley del Cupo infravalora en cinco mil millones lo que tendría que ser la aportación de la Hacienda vasca a la central. Si queréis, quitamos los dos mil millones de la nivelación, siguen siendo 3.000 de diferencia.
Otra parte muy discutible es el ajuste por IVA. Tiene que existir por la parte del IVA que grava las importaciones, que lo recauda todo el Estado. Lo acaban pagando los consumidores vascos y hay que pasarla a las haciendas forales. Otra razón es que incluso en la parte del IVA que grava las operaciones interiores, por bienes producidos en España, una cosa es quién lo sufre y quién lo ingresa. Lo van ingresando las empresas a lo largo de la cadena de producción. Empresas y consumidores pueden estar en sitios distintos; así que puede ser que la recaudación no se corresponda con la carga final que soportan los consumidores. Hay que ajustar lo que recauda el Estado y el País Vasco, sumar y repartir, de forma que el final sea el que tiene que ser en función de la distribución territorial del consumo. Aquí, sin embargo, también hay trampa: la Ley del Concierto dice que los porcentajes para el reparto hay que fijarlos en base a la participación del País Vasco en el consumo final de las familias y cuando uno mira los porcentajes ve que no se parecen. La Hacienda vasca se queda el 7,5%, pero el peso del País Vasco en el consumo es de entre 5,5 y 6%. Hay una diferencia de dos puntos porcentuales entre la parte del IVA que realmente se queda aquí y la que se tendría que quedar. Una subvención implícita al País Vasco que en los últimos años ha estado en torno a 2.500 millones de euros más. Otra bastante gorda.
Habría que hacer algún ajuste técnico más, pero es complicado hallar los datos. Muchas veces, todo lo que tiene que ver con el Cupo parece un secreto de Estado, no sueltan información. Pero la aproximación es bastante buena. Conclusión y resumen. ¿Cuánto paga de menos la Hacienda vasca a la estatal? Hay cuatro tramos. La omisión de los pagos por intereses, la omisión de la nivelación regional, la infravaloración de las otras cargas no asumidas y la exageración del ajuste por IVA, probablemente haya otras. Seguramente, el ajuste por especiales no esté bien hecho, pero no tengo los datos. Y sumamos y salen grandes cantidades, del orden de seis mil y pico millones de euros. Un 10% del PIB vasco. Hay una subvención implícita del resto de España con un nivel de renta sensiblemente inferior al del País Vasco a esta comunidad. Una décima parte del PIB vasco. Y con esa décima parte en dinero público se pueden hacer muchas cosas. Buenas y malas.
Como conclusión, un par de comentarios generales. En España tenemos dos subsistemas de financiación regional: el foral de aquí y Navarra, y el común, en el resto. No he tenido tiempo de hablar mucho de esto pero sólo diré que es muy distinto, es un sistema en el que la financiación de cada región, en principio, refleja no su capacidad fiscal o riqueza, sino sus necesidades. El dinero que necesitarían para ofrecer servicios similares en todo el territorio, teniendo en cuenta que hay factores de coste como el envejecimiento. Las comunidades con poblaciones más envejecidas necesitan más gasto sanitario, se les da más dinero. Las que tienen una población más dispersa, pues también. Es un sistema de nivelación total, que quiere que todos ofrezcan servicios parecidos en consonancia con el principio de igualdad que consagra la Constitución. Un sistema en el que ser rico no es una ventaja, los ricos no tienen más derechos. Es un sistema mejorable, pero que forma parte de una premisa lógica en un Estado comprometido con la igualdad: los ciudadanos tienen los mismos derechos. En la práctica, cuando uno mira los resultados, las comunidades forales, debido al chollo que supone el Concierto y la aportación Navarra, disfrutan de una financiación por habitante muy superior a los de otras comunidades. A igualdad de competencias, excepto policía o financiación municipal, las forales tienen un 60 o 70% más de dinero por habitante. Se debe a la forma en que se aplica el Cupo, con una valoración muy a la baja de en qué cosas hay que contribuir. Con trampas incomprensibles. Es una situación que hay que intentar arreglar, gradualmente, porque es una violación clarísima de la prohibición constitucional expresa de que los regímenes autonómicos impliquen privilegios económicos o sociales… La Constitución dice que esto no se puede hacer. El Concierto los genera clarísimamente.
Y en segundo lugar, porque la existencia de los privilegios forales es una fuente continua y enorme de tensiones dentro del régimen común. Es obvio, hay otras regiones ricas, y especialmente Cataluña, que dicen que por qué estos cabrones sí y nosotros no, cuando además ellos no han hecho otra cosa que tocar las narices. Tienen su parte de razón. No habrá paz en el sistema común mientras no se corrija esta situación. Esto se ha visto de forma clara con las negociaciones autonómicas, y antes con el Estatuto catalán. Hay una tensión comprensible de otros nacionalistas que quieren tener el mismo chollo que los de aquí. Es difícil negarles la razón, porque la tienen. Claro que la solución a esto no es, como piden los nacionalistas catalanes, incluidos los socialistas, extender los privilegios forales, sino eliminar gradualmente los privilegios forales e ir hacia una situación en la que de verdad se cumpla el principio máximo de igualdad. Todos los españoles tenemos los mismos deberes y derechos en todo el territorio nacional. No puede ser que nos pase como en el libro de Orwell, donde se dice que todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros.
Churiaque
El tema no es fácil de comprender…, esas continuas partidas discutibles… Pero lo importante es hacer apreciaciones de lo que pasa en el país. Tiene que extrañar que cuando se hace referencia a tanto dinero los negociadores de las dos partes, foral y estatal, siempre han ocultado el resultado de sus negociaciones, en un exceso de opacidad y una falta de transparencia. Es esencial. El sistema foral se comprendería mejor si todos los números estuviesen sobre la mesa. Es extraño que en el siglo XXI se sigan ocultando estas cifras. Más de dos mil millones de error de cálculo, cerca de 5.000 según el cálculo de Ángel de la Fuente. Y hay además un comentario de raíz política. Nuestro índice de imputación, el peso relativo que Euskadi tenía en España en el momento de volver al Concierto con Cupo, es la mágica cifra del 6,24. Tiene mucha historia. Nos dijeron que era el peso de la economía, luego el peso de la economía corregido por población y después no sabemos. Lo que está claro es que es una cifra mágica, totémica…, como todo lo nacionalista, irreal. Porque en términos económicos, baja a un 6,21. Y en términos de población, hoy en día con los dos millones cien mil, el 5,8. En los últimos 30 años hemos perdido peso económico relativo y población y simultáneamente hemos ganado un sistema de 60% de diferencia de capacidad financiera por habitante respecto al resto de españoles. Eso significa en términos político que la eficacia del sector público vasco ha sido menor que la que ha habido en España. Sabemos que aquí viven bien, sobre todo los nacionalistas, pero que a pesar de eso las ineficacias del sistema público se demuestran con estas cifras. Hemos perdido peso relativo y población relativa. Otra cosa es que con los exiliados y expulsados del país nuestro PIB per cápita es mejor, pero muy inferior al de hace treinta o cuarenta años. Creo que hace falta traducir todos estos números en discusión política, en defensa de las posiciones constitucionales, que es lo que defendemos los que defendemos criterios de igualdad en exacción al bolsillo del ciudadano y de prestaciones públicas del Estado, en igualdad en todo el territorio nacional.
Público: –Según eso, ¿no tendríamos que pagar menos?
Churiaque: –Lo importante no es mover el 6,24 hacia abajo, porque entonces el nacionalismo tendría que demostrar que la eficacia de su sector público ha sido menor de la esperada. Ahora bien, el cálculo del Cupo con el 6,24 sobre las cargas no asumidas sale muy alto, 5.500. Pero no les importa al nacionalismo, porque a continuación deducimos cosas; y al bajar al Cupo líquido esos 5.300 se reducen a 1.500. Lo importante no es que salga un 6,24 para poder decir que aportamos eso, porque lo que negociamos es el Cupo líquido que hemos bajado. Este año hay que descontar los millones que llegan por la transferencia de impuestos. Este año no les importa mantener el 6,24 porque restaremos ciento y pico millones más.
Público: –Parece que somos más de lo que somos con el objeto de seguir siendo. Quedamos compensados en la realidad porque pagamos menos.
Churiaque: –Son estadísticas oficiales.
Público: –Pero salimos perdiendo con el 6,24.
Churiaque: –El mundo nacionalista sigue haciendo declaraciones públicas de que contribuimos a las cargas del Estado con el 6,24, pero no es cierto. Contribuimos a la base de cálculo con el 6,24, pero lo reducimos a los 1.500 millones. El sistema de Cupo se apoya en la negociación política: dos o tres noches de discusión en Madrid, para que el Gobierno, que necesita sacar sus cuentas públicas, lo haga con el apoyo de partidos residuales con respecto a la población española pero que tienen el poder en las zonas nacionalistas. No son acuerdos que se pagan directamente, es que se descuentan de Cupo.
Ángel de la Fuente: –Tenemos la Policía mejor equipada, pagada con los presupuestos del Estado y que no persigue a los malos. Es una cosa bastante curiosa. Es como coger a una cuadrilla de amigos que ponen un bote para ir a tomar zuritos. Uno no pone porque dice que se los paga él. Va y se pide un wisky, y lo pide al bote. La trampa, la filosofía de que nos lo montamos solos no es cierta. En el momento en el que interesa que lo paguen otros…
Churiaque: –Para no acabar de manera tan pesimista, el hecho de que ordene al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi que analice si hay vasos comunicantes entre el sistema fiscal autónomo vasco y el resto del sistema, si no se realizase lo que debe de hacerse, no olvidemos que cualquiera puede seguir poniendo un recurso a la situación derivada del Concierto, porque el blindaje al que se refieren los nacionalistas es porque las normas tributarias que son objeto de recurso se basan en que eso no ha sido aprobado por ningún Parlamento. Es cierto que el fuero es un residuo del medievo; son las diputaciones las que aprueban las normas tributarias vascas. Por eso, cualquier ciudadano que se considere afectado puede reclamar. En el caso foral navarro es diferente, porque lo aprueba el Parlamento de Navarra. Está blindado. No perdamos la fe, confiemos en los tribunales… Y sobre todo, en que el Concierto y el Cupo lo que no pueden hacer es utilizarse para llevar a la deriva a la Administración central en la negociación del sistema de la financiación de las autonomías. Es decir, trasladar las malas prácticas que estamos viendo aquí al resto de comunidades.
Público: –¿Hay alguna tendencia de la Administración central a recuperar competencias que ha perdido?
Ángel de la Fuente: –Me temo que no. La única cosa que igual nos echa una mano es la esperada sentencia del Constitucional sobre el recurso al Estatuto catalán. Si se hace bien y se basa en los mismos principios que una sentencia contra la consulta del lehendakari, podría poner coto a desmanes y evitar problemas mayores. Recuperación de transferencias, lo dudo. La cosa siempre ha ido en sentido contrario y cualquier cosa concedida a los nacionalistas es para siempre. No se vuelve a negociar. Sería un milagro.
Público: –¿No debería haberse superado esto con la Constitución del 78?
Ángel de la Fuente: –Estoy completamente de acuerdo. La Constitución tendría que haber eliminado los residuos del Antiguo Régimen. El Cupo no es residuo del sistema foral, sino que cuando desaparecen los Fueros se plantea como régimen transitorio para ir metiendo a las antiguas provincias exentas en el sistema. Para que empiecen a pagar y con la idea de normalizar la situación… Pero la cosa se eterniza. No tienen lugar en un sistema moderno estas reliquias históricas muy poco racionales.
Editores, 28/10/2008
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