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Atutxa, desafío constante
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Las instituciones vascas en su conjunto han elegido el enfrentamiento con las del Estado: desobediencia del Parlamento al Supremo; críticas del Tribunal Superior de Justicia al Consejo del Poder Judicial. Son las alforjas del nacionalismo para el camino que conduce al Plan Ibarretxe.
La ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna marca un antes y un después en las ya de por sí delicadas relaciones de las instituciones vascas con las del Estado. El paso adelante dado por el Gobierno con la demanda de ilegalización del «brazo político» de ETA (verano de 2002) y la respuesta de la Justicia con la ilegalización (marzo de 2003) no han sido bien acogidos por el nacionalismo, siempre ambiguo en su condena del terrorismo y resistente a identificar a los «asalariados» de la banda terrorista con los políticos abertzales y su entorno.
Este clima es el que ha propiciado episodios de desobediencia como el protagonizado por el presidente del Parlamento autonómico, Juan María Atutxa, y otros dos diputados -Gorka Knörr, de EA; y Kontxi Bilbao, de IU-EB- cuando les llegó el momento de materializar, previa orden del Tribunal Supremo, la ilegalización de HB, EH y Batasuna. Y este mismo clima ha contribuido ha aumentar la polémica en torno a las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en dos asuntos: primero, la querella que la Fiscalía General del Estado interpuso finalmente contra Atutxa, Knörr y Bilbao por delito de desobediencia ante la negativa de disolver el grupo parlamentario de Batasuna; y, segundo, la autorización de manifestaciones cuando menos sospechosas de promover o ensalzar a los partidos ilegalizados y a la propia banda terrorista ETA.
Disolver el Grupo de Batasuna
Pero vayamos por orden; y por partes. El 27 de marzo, la «Sala del 61» del Tribunal Supremo dicta una sentencia histórica con la que declara la ilegalidad de HB, EH y Batasuna. Un mes después, la misma Sala ejecuta el fallo -es decir, la ilegalización- y ordena a las instituciones vascas que la materialicen mediante una serie de medidas la primera de las cuales es «la disolución de los grupos parlamentarios, provinciales, forales y municipales».
La primera respuesta del Parlamento vasco, a través de su presidente, ya daba pistas sobre cuál iba a ser su posición: mantener un pulso con el Tribunal Supremo. El 8 de mayo, el Parlamento vasco comunicó a la «Sala del 61» que «la creación, funcionamiento y disolución de los grupos parlamentarios (...) pertenece al ámbito de la autonomía organizativa y de funcionamiento de la Cámara. Una decisión judicial que por sí disolviera un grupo parlamentario supondría una invasión de esa autonomía inherente al Poder Legislativo y contravendría el principio constitucional de la división de poderes».
A partir de ese momento, se produjo un cruce de escritos con los que el Tribunal insistió en el deber del Parlamento vasco de obedecer y hacer efectiva la ilegalización de HB, EH y Batasuna mediante la suspensión de su grupo parlamentario, y la Cámara mantuvo firme su reto.
El plante de Atutxa es de singular gravedad, desde el momento en el que se niega abiertamente a hacer cumplir una resolución judicial que, en este caso, además, ha dictado la más alta autoridad judicial del Estado. Este comportamiento le costó finalmente una querella de la Fiscalía por delito de desobediencia, cuya tramitación corresponde al TSJ vasco. La querella ha provocado un nuevo capítulo de actuaciones polémicas -esta vez por parte del presidente del Tribunal vasco, Manuel Zorrilla-, que sólo han conseguido enrarecer aún más las ya dañadas relaciones entre las instituciones del Estado y las autonómicas.
La Sala a la que correspondió estudiar la querella de la Fiscalía contra los parlamentarios autonómicos -la Civil y Penal del TSJPV- estaba compuesta originariamente por el presidente, Manuel Zorrilla, y tres magistrados más. Comenzadas las deliberaciones, el empate entre ellos -dos estaban a favor de la admisión a trámite y dos, en contra- se convirtió en una situación de bloqueo que obligó a acudir a la formación de la llamada Sala de Discordia, lo que suponía la entrada de tres magistrados más para buscar el desempate.
La Sala de Discordia
La designación por Zorrilla de esos tres magistrados fue recurrida por la Fiscalía y anulada después por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al detectarse irregularidades. Al mismo tiempo, el CGPJ designó a los jueces a los que realmente correspondería, según las normas de reparto y los turnos preestablecidos, formar esa Sala de Discordia. Zorrilla criticó duramente al CGPJ porque, en su opinión, no tiene competencias para anular su acuerdo.
La lectura en clave política quiso ver un intento de Zorrilla por incluir en el Tribunal a magistrados afines a las tesis nacionalistas (y, por lo tanto, contrarios a la admisión a trámite de la querella contra Atutxa), aunque el CGPJ ha insistido en que en ningún momento se ha puesto en duda la imparcialidad de los magistrados y en que ha sido una cuestión de «irregularidades» en los turnos.
Nieves Colli, ABC, 9/9/2003
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