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Tres décadas de autogobierno estatutario
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El Acuerdo de Lizarra plasmó con toda nitidez la nueva deriva antiestatutaria emprendida desde el nacional-soberanismo, alimentando una dinámica frentista. El fin del ciclo político, con las pasadas elecciones, ha abierto perspectivas en el terreno del autogobierno; en especial, sobre la necesaria actualización y renovación del marco en que ha venido desarrollándose.
La conmemoración del XXX aniversario estatutario, además de para rememorar vivencias personales en quienes, hace ya treinta años, vivimos intensamente aquella época de transición, delimita un periodo histórico especialmente significativo en la reciente evolución política de nuestro país. Aunque sólo sea porque durante él ha sido posible, por primera vez, consolidar un régimen de autogobierno como el que, a pesar de todas las dificultades, ha tenido vigencia continuada a lo largo de las tres últimas décadas. Un periodo que, al margen de las distintas valoraciones que puedan hacerse sobre él, debe merecer la atención de todos nosotros; al menos, de todos los que apostamos por que el autogobierno iniciado con el Estatuto de Gernika hace tres décadas tenga continuidad por muchas décadas más.
No ha tenido el Estatuto una vida nada fácil durante estos últimos treinta años. Ya su nacimiento, a comienzos del curso 1979-80, se producía en las condiciones más adversas, en el momento de mayor intensidad de la ofensiva terrorista; baste recordar que sólo en esos dos años se produjeron más de 160 víctimas mortales (como referencia comparativa, valga reseñar que en los últimos diez años, desde que ETA reinició su actividad terrorista a finales de 1999 tras su tregua de 1998, no se ha sobrepasado la treintena de víctimas mortales). Una actividad terrorista que sus propios autores, y el entorno que les proporcionaba cobertura política vinculaban directamente de forma insistente y obsesiva con el rechazo al marco estatutario (y constitucional) que entonces se estrenaba en nuestro país.
La evolución posterior del autogobierno estatutario ha tenido que hacer frente constantemente a dificultades y obstáculos incomparablemente mayores que los que han podido darse en cualquier otro lugar. En primer término, a la persistencia de la lacra terrorista que, además del saldo de víctimas mortales y de la degradación cívica que comporta, ha venido lastrando la vida política del país en su conjunto. Bien es cierto que su intensidad ha seguido una evolución claramente decreciente: en la década de los 80, inferior a la del trienio 1978-80 que marcaba el final de la Transición; asimismo, en la década de los 90 inferior a la anterior; y en la actual década, menor que en la pasada. Pero, en cualquier caso, ha sido una constante que no ha dejado de condicionar de forma determinante, y sigue condicionando aunque cada vez en menor medida, toda la vida política vasca, incluidas las cuestiones relativas al desarrollo del autogobierno.
A pesar de todo, la progresiva consolidación de las instituciones de autogobierno diseñadas en el Estatuto de 1979 no ha dejado de afianzarse a medida que han ido transcurriendo los años. Es preciso hacer, no obstante, una puntualización en relación con el déficit acumulado en el cumplimiento y desarrollo de las previsiones estatutarias, lo que, en algunos casos, tiene difícil justificación. Ello no quiere decir que tales previsiones estatutarias tengan que ser cumplidas en los términos exigidos por quienes, además, han optado durante el último periodo por desvincularse de la vía estatutaria; pero sí es preciso constatar que ha existido, y sigue existiendo, un déficit en el cumplimiento y desarrollo del autogobierno estatutario (aunque ésta es una cuestión que requeriría, por sí misma, una tratamiento específico) que debe ser abordado sin demora.
Hay, sin embargo, un momento, durante la segunda mitad de la pasada década, en el que se produce un punto de inflexión en la evolución del autogobierno que venía desarrollándose en el marco estatutario, como consecuencia del rechazo que éste va a concitar por parte de quienes hasta ese momento habían figurado como uno de sus principales artífices y, sobre todo, sus principales beneficiarios. No sólo se declara, a partir de 1997-98, «la muerte del Estatuto» (sic) sino que se emprende una deriva abiertamente beligerante contra él desde el propio Gobierno y la ajustada mayoría parlamentaria que le respalda, impulsando simultáneamente un proceso de 'acumulación de fuerzas' nacionalistas en torno a objetivos soberanistas. A lo que hay que añadir, además, la pretensión de justificar este giro antiestatutario, sin precedente en las dos décadas anteriores, apelando nada menos que a la pacificación del país.
El Acuerdo de Lizarra (1998) va a plasmar, con toda nitidez, la nueva deriva antiestatutaria emprendida desde el nacional-soberanismo a partir de entonces, pasando a alimentar una dinámica frentista que ha venido marcando la evolución del proceso político vasco en esta última década. Producto de todo ello han sido las sucesivas versiones en las anteriores legislaturas del denominado 'plan Ibarretxe' y, finalmente, de la consulta en torno al 'derecho a decidir' ya que, por lo visto, el Estatuto no sólo no fue, en su día, la expresión de ese derecho sino que, además, constituye el mayor obstáculo para poder seguir ejerciéndolo en el presente y en el futuro. Nos introducíamos así en la peligrosa vía de la devaluación del Estatuto, por la que hemos venido deslizándonos en los últimos años bajo la dirección y el estímulo que, en este sentido, han venido impulsando los gobiernos de las precedentes legislaturas.
El fin del ciclo político iniciado con el acuerdo de Lizarra, tras las pasadas elecciones autonómicas, ha abierto nuevas perspectivas en el terreno del autogobierno estatutario; en especial, por lo que se refiere a la necesaria actualización y renovación del marco en que éste ha venido desarrollándose durante estas tres últimas décadas. Ésta es, sin duda, una de las tareas principales (junto con las medidas a adoptar para poner fin al terrorismo y para hacer frente a los efectos sociales de la coyuntura económica) que va a haber que abordar tras el trigésimo aniversario estatutario. Y ello, como no puede ser de otra forma dadas las constantes estructurales del país, sobre la base de un acuerdo que necesariamente tiene que ser transversal; como lo fue, no lo olvidemos, el acuerdo estatutario de hace treinta años en Gernika.
Ahora, cuando el Estatuto de Gernika entra en su cuarta década de vida, no se trata de repetir experiencias pasadas; tampoco de erigirse en ardoroso guardián del Estatuto propugnando su blindaje (ahora que está de moda el vocablo) frente a cualquier propuesta de reforma (lo que, en algunos casos, no deja de tener su gracia si se recuerda que algunos de quienes hoy defienden tan ardientemente este blindaje estatutario mantuvieron posiciones nada proestatutarias cuando el Estatuto fue elaborado y aprobado); y menos aún se trata de empeñarse en enterrar el Estatuto de Gernika, siguiendo la estela de los que hace algo más de una década declararon su muerte, para embarcarse en aventuras inciertas. Más valdría intentar recuperar el espíritu de la Transición para tratar de buscar en común, como entonces, un amplio acuerdo que haga posible actualizar y renovar nuestro marco de autogobierno.
Además de para conmemorar hechos pasados, los aniversarios también pueden servir para abrir un periodo nuevo sobre la base de la experiencia acumulada hasta el presente; experiencia que, en nuestro caso, debe inducirnos a buscar los espacios comunes que posibiliten el despliegue de un autogobierno integrador. Porque además de conmemorar el día del aniversario, lo importante es lo que se va a hacer a partir del día después.
Andoni Pérez Ayala, EL DIARIO VASCO, 23/10/2009
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