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Piratas en Isla Tortuga
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Uno es más partidario del estilo Sarkozy, tan inspirado en Julio César y su aventura con los piratas cilicios, pero el estilo ZP se encuentra más en la tradición mercedaria. La portavoz dijo tres veces que la operación Atalanta debe «luchar contra la piratería y detener a los piratas en flagrante delito». Hubo ocasión de detenerlos in fraganti: durante 47 días. Ahora no.
La confusión sentimental es estado propio de la condición humana sometida a una fuerte tensión. De ahí que horas después de que los 63 secuestradores del Alakrana abandonaran el atunero, los tripulantes y sus familias, los miembros del Gobierno y de la oposición, la opinión pública y también la publicada, tengan la tentación de deslizarse por el sintagma final feliz, en abierta confusión entre la felicidad y el alivio.
Feliz, ¿comparado con qué? Estos 47 días han sido un calvario para las víctimas y sus familiares. También para un Gobierno cuya gestión ha sido la viva imagen de la incompetencia, la descoordinación y las ausencias durante el pasado mes y medio.
Los piratas han ingresado unos cuatro millones de dólares, parte de los cuales serán inversión logística para próximos secuestros. Hace casi tres siglos que Montesquieu, un cadáver exquisito, previó que bienes como la libertad no pueden comprarse, porque quien la vende se encuentra después en mejor posición para venderla de nuevo.
¿Y ahora, qué? «Respetemos la acción de la Justicia», pidió ayer la viceprimera, mientras se aplicaba briosa a cuadrar un círculo tras otro en el nuevo modelo de rueda de prensa del Gobierno: con preguntas, pero sin respuestas.
Lo que pasa es que la petición del fiscal excede muy largamente los cinco años de privación de libertad que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, enmendada ad hoc, establece como límite para los juicios rápidos (Ley 38/2002, art. 795). Por otra parte, la retirada de la acusación de asociación ilícita es un imposible lógico, salvo que se acepte que 63 somalíes fuertemente armados se encontraron hace mes y medio por casualidad en la cubierta del atunero. ¿Insistirá la Audiencia en el juicio rápido, habiendo desaparecido el estado de necesidad? ¿Indultará el Gobierno a los dos procesados en virtud del pacto entre caballeros alcanzado con los piratas? Sería extraordinario que Zapatero mantuviera la palabra dada a unos delincuentes cuando la ha quebrado tantas veces en promesas a sus votantes y a sus eventuales socios de Gobierno.
Uno es más partidario del estilo Sarkozy, tan inspirado en Julio César y su aventura con los piratas cilicios, pero el estilo Zp se encuentra más en la tradición mercedaria, a pesar de su laicismo. A la pregunta de si se iba a perseguir a los delincuentes, la portavoz dijo tres veces, tres, que la operación Atalanta tiene como objetivos «luchar contra la piratería y detener a los piratas en flagrante delito». Hubo ocasión de detenerlos in fraganti: durante los 47 días que tuvieron en su poder el atunero y a su tripulación. Ahora no. Descartada la posibilidad de que ella desconozca el significado del término flagrante, cabe pensar que ha perdido todo respeto intelectual hacia la peña.
Los rehenes vuelven a casa; sean bienvenidos. Mientras, los piratas se han retirado a algún Notorious Ranch tercermundista, su particular Isla Tortuga para relajarse. No parece que vayan a sentir el acoso legal que describía el grupo Suburbano en Los delirios del pirata, aquel álbum que tanto le gustaba a Joseba Pagaza: «Esta noche se hace historia./ Hoy se cierra Isla Tortuga./ Después de un tiempo de gloria/ comienza un tiempo de fuga».
Santiago González, EL MUNDO, 18/11/2009
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