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Efectos de normalidad
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El acuerdo alcanzado entre el Gobierno vasco y ELA y la declaración parlamentaria de condena del asesinato de Santi Brouard reflejan el actual estado de la política vasca.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco con ELA sobre el convenio de los funcionarios autonómicos, una semana después de que el sindicato encabezara un acto de protesta contra la política económica del Ejecutivo presidido por López, y la declaración institucional suscrita por todos los grupos parlamentarios condenando el asesinato del parlamentario de HB Santi Brouard hace veinticinco años han sido dos hechos de muy distinta naturaleza que reflejan la normalización a la que va accediendo Euskadi. Dos hechos que demuestran que la alternancia al frente del Gobierno puede dar lugar a cambios bien distintos a los que podían esperar quienes albergaban un ánimo poco menos que revanchista, o quienes anunciaban el advenimiento de un régimen de exclusión.
Es verdad que hay una corriente en el país que ni en lo más mínimo se hará partícipe de este cambio. LAB no tuvo empacho en criticar la decisión de ELA por lo que podía significar de un triunfo concedido al Gobierno de López. Y es probable que la declaración leída ayer por Arantza Quiroga disgustase a quienes se reivindican herederos de Brouard. Pero la normalidad es precisamente lo que orilla a los adalides del todo o nada.
Ahora bien, la relevancia que en términos históricos y morales puede adquirir el tránsito hacia una mayor normalidad democrática, frente a la persistencia de la amenaza terrorista pero también frente al encastillamiento ideológico, obliga al nuevo Gobierno vasco a añadir resultados al de la propia normalidad.
El gran mérito del Ejecutivo presidido por el lehendakari López es haber demostrado en un tiempo récord que era posible mejorar en términos de normalidad. Le han bastado seis meses de actuación ante una sociedad más predispuesta a la alternancia de lo que el nacionalismo institucional hubiese querido. Pero, paradójicamente, el éxito obtenido le insta a salir a la intemperie y demostrar que sabe administrar con acierto y presteza las competencias y recursos con los que cuenta el Gobierno vasco. Y que, por ello, el avance de normalidad no le exime de recibir críticas.
El monotema del conflicto y sus salidas, de la obcecación terrorista frente a la dignificación de las víctimas, de los enredos que pueda urdir la izquierda abertzale y de la réplica exigente a los mismos continuará generando el ruido suficiente como para ocultar otras cuestiones. Pero hace ya tiempo que la sociedad asiste al debate y a la confrontación en torno a la violencia y a la paz con la convicción de que se trata de una cuestión poco menos que amortizada. La clamorosa indiferencia con la que la opinión pública recibió la última declaración pública de la izquierda abertzale, con motivo del quinto aniversario de la llamada 'Declaración de Anoeta', así lo atestigua.
La acción de Gobierno se medirá por su capacidad para ensanchar los cauces de la normalidad en forma de acuerdos amplios respecto a aquellos temas de carácter netamente institucional que los anteriores ejecutivos no fueron capaces de desbrozar o de afrontar. Sería el caso de la Ley Municipal o de la de Función Pública, cuya tramitación sobre bases pactadas se convertiría en el juicio más severo que podría formularse hacia la manera en que Ibarretxe trataba de conducir el país, sublimando lo más y desdeñando lo menos. Pero la normalidad constituye también una oportunidad a aprovechar para que un gobierno constituido por una formación de izquierdas, con el apoyo parlamentario de otra de derechas, proceda a la revisión del modelo de bienestar que se ha ido entretejiendo en Euskadi gracias también a la fuente nutricia del Concierto Económico.
Ahora que el INE ha pronosticado un descenso paulatino de la población vasca y su progresivo envejecimiento, y a tenor de los efectos duraderos de una crisis que tiende a tocar fondo, cabe preguntarse si, por ejemplo, tiene sentido que el derecho a la vivienda se realice por sorteo; si la equidad no obliga a que quienes pueden permitírselo contribuyan a la financiación de los servicios públicos a los que acceden; cuáles pueden ser las medidas que contribuyan a corregir la señalada tendencia demográfica que acabaría lastrando el desarrollo del país; o cuáles las iniciativas que pudieran fomentar una saludable prolongación de la vida activa de los vascos.
Normalidad significa que puedan ir cerrándose los capítulos que empañan la historia reciente de la sociedad vasca, escritas por la crueldad violenta, la indolencia moral generalizada y la confrontación política extrema. Pero significa también la ineludible responsabilidad de un gobierno -que cada día que pasa es menos nuevo- para propiciar la apertura del país y de la ciudadanía a una visión más crítica e innovadora respecto a cómo ha de procurarse el bienestar. Porque de lo contrario el Gobierno monocolor socialista puede encontrarse con la sorpresa de que la sociedad ya daba por descontado lo que ha hecho hasta la fecha.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 21/11/2009
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