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Documento de debate para el próximo Encuentro Cívico de diciembre
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 Colectivos ciudadanos preparan un nuevo Encuentro Cívico para el 11 de diciembre en Madrid, y ya se está trabajando en textos que sirvan de punto de partida en el debate. También tú puedes participar.
De acuerdo con lo acordado en la reunión de Madrid del pasado mes de julio, se presenta este documento de trabajo que se hace llegar a los colectivos participantes, para realizar aportaciones y llegar a un documento base de cara a los debates del próximo encuentro cívico en diciembre.
Principios cívicos
1. Propugnamos el civismo como la cultura pública de convivencia. La convivencia cívica además del respeto a un conjunto de normas básicas, también expresa unos valores y unas creencias acerca de la sociabilidad humana y precisa de la acción conjunta de cooperación, participación y solidaridad.
2. La convivencia cívica se fundamenta en la ley y en los principios y valores democráticos, que limitan y modulan la voluntad. Esto significa que la mayoría no puede decidir cualquier cosa, lo que decida tiene que estar ajustado a la legalidad vigente y conforme a los valores democráticos. El "derecho a decidir el futuro" no puede significar el eliminar todas las decisiones del pasado, todas las normas y reglas de convivencia pactadas anteriormente, ni el instaurar la voluntad absoluta y exclusiva como fundamento de la convivencia.
3. Las personas individuales somos sujetos de derechos y deberes, que deben ser garantizados y protegidos por los poderes públicos. Esos derechos y deberes los poseemos por ser personas, y no son concedidos por adscripción a "pueblo" o a ideología alguna, ya que los colectivos no son sujetos de los derechos del ciudadano.
4. Somos iguales en derechos. El compartir los mismos derechos nos hace ciudadanos y consolida la convivencia cívica haciendo posibles los derechos iguales en una sociedad de desiguales. Ser iguales en derechos supone que es inadmisible la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, que hace extranjeros en su propio país a los convecinos.
5. La convivencia cívica sólo es posible por el respeto a normas comunes, morales y sociales. La convivencia cívica implica aceptar reglas básicas, como son la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Si bien sin respetar unas reglas comunes no se puede vivir en paz, hay que elegir las más convenientes y democráticas para vivir en libertad. Si el ciudadano desea ser libre ha de ser esclavo de la ley, en palabras de Cicerón. La ley garantiza los derechos del ciudadano, y es el Estado de derecho el garante de la aplicación de la ley que nos hace ciudadanos. El Estado moderno, de derecho y democrático, posibilita el mayor y más excelente espacio de convivencia.
6. Seguir las reglas de convivencia cívica acordadas. La sociedad española ya tiene establecidos los mecanismos legales y materiales (consensos, judiciales, arbitrales, etc) para la resolución de todo tipo de conflictos. Y ninguno conflicto es tan extraordinario que deba resolverse al margen de las reglas legales establecidas y consensuadas, como son fundamentalmente la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
7. Ejercer la ciudadanía, defendiendo constantemente las conquistas en el terreno de la convivencia, como el Estado democrático, la igualdad de derechos, la libertad, etc., tan duramente adquiridos, se pueden derrumbar con facilidad, por lo que hay que dar ejemplos de ciudadanía ejerciéndola.
8. La convivencia cívica exige ejercer la libertad. Vivir en libertad exige ausencia de coacción para expresar las ideas, para ejercitar actividades políticas, sociales, económicas y cotidianas. Sin embargo, las amenazas y coacciones existentes hoy en la vida cotidiana refuerza la hegemonía de los planteamientos antidemocráticos, produce un deterioro del Estado de Derecho, y crea serias dificultades para el ejercicio de las libertades y de la competición política.
9. La convivencia cívica supone la participación y la no exclusión. Participar en la vida pública implica defender los intereses propios teniendo en cuenta los derechos de todos, propios y ajenos. Para participar es necesario, por un lado, denunciar la existencia de amenazas con el objeto de que no participemos, de que no podamos ejercer la libertad, y por otro, tener claro que la participación en planteamientos y actividades antidemocráticas supone su legitimación.
10. Buscar una convivencia pluralista y civilizada entre gentes con intenciones divergentes e intereses encontrados. El pluralismo implica la reciprocidad del respeto a los valores ajenos y defensa de los propios, y el entender que la diversidad implica que nos reconocemos partes de un todo social alimentado por el disenso y por el consenso. La sociedad pluralista no puede aceptar su propia destrucción, por medio del relativismo o de la fragmentación en grupos que no reconocen al otro para romper el todo. Pero buscar la convivencia rechaza asumir el sometimiento, rechaza las ideas y propuestas que reduce y limita los derechos del otro, que tienden a conculcar la legalidad, marco en el que todo tenemos los mismos derechos.
11. Defender los derechos de la persona y no aceptar el chantaje de paz por soberanía. Para poder convivir en libertad es necesario defender los derechos y superar la cultura del chantaje político. La cesión al chantaje tanto de la presión política o de las armas significaría la quiebra de la legitimidad democrática, y el fortalecimiento de los terroristas, ya que les da sentido a su actividad. Por eso nos oponemos firmemente a cualquier clase de negociación política con ETA y a que se plantee aceptar la soberanía a cambio de la paz, porque la soberanía no es garantía de paz en libertad. En coherencia con las palabras de Unamuno entre la libertad y la paz hay que optar por lo primero, la paz obtenida con el precio de la libertad es una paz injusta. En una democracia sólo el Estado está legitimado a ejercer la violencia, y ésta siempre bajo control, proporcionalidad y racionalidad, y es la ciudadanía la que delega tal potestad. Ni todas las violencias son rechazables, ni todas las violencias son iguales, la violencia del Estado es la legítima.
12. Defender y compartir los derechos y libertades en un espacio en el que poder vivir en libertad. Lo que nos cohesiona a todos los españoles son las costumbres cívicas y la responsabilidad que tenemos todos en preservar esas costumbres y valores cívicos. Pero somos conscientes que sólo una actitud cívica no es suficiente, que los valores cívicos, la moral y la ética deben de erigir un marco político, constitucional, que gestiona el Estado en el que delegamos la defensa de determinados derechos individuales, articulado en diferentes poderes sujetos a la ley, referencia principal para posibilitar la convivencia.
13.- Nos unen los valores de la solidaridad, de la cooperación, de compartir, en definitiva, la ciudadanía, que es dedicación y cooperación con lo público. Nos unen las obligaciones cívicas de ayudar al conciudadano a recuperar la libertad y la igualdad, el sabernos mezcla y el valor del mestizaje, ya que somos compuestos de diversas identidades no incompatibles.
14. Diferencia para construir la unidad. Una convivencia en pluralismo supone el reconocimiento e integración de la diferencia para que aporte a la construcción del cuerpo social. Lo que significa que ser diferente no da derechos ni privilegios, aunque a veces grupos reivindican y construyen una diferencia inasimilable para el exterior y la homogeneidad para interior del grupo y así poder romper la convivencia cívica.
15.- Combatir las ideas y planteamientos del privilegio, de valer más, de ser superior, de la incompatibilidad de identidades, del aprovecharse de la violencia, etc. No es democrático que unos ciudadanos puedan sentirse superiores a sus conciudadanos ni por la historia, ni por la cultura, ni por la lengua, etc.., hasta convertir al resto en extranjeros en su propio país.
16. A todos los españoles nos une, además de unos mismos derechos y un espacio en el que poder ejercer la libertad, una historia compartida que nos ha llevado a la realidad de la España actual basada en una Constitución, fruto del consenso, que proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles, garantizando el derecho de autonomía y la solidaridad interregional. En definitiva, España es un proyecto colectivo, una nación, de convivencia democrática construido entre todos y al que debemos lealtad y defensa por los valores cívicos de paz, libertad y pluralismo que conlleva.
17.- La convivencia se rige por la reciprocidad o intercambio mutuo, y no por la unilateralidad del "tu acatas lo que yo decido". Plantear que se respete el "derecho de los vascos a decidir su futuro" es para no respetar en absoluto lo ya decidido en el pasado y en el presente. Los demás no deben injerirse en los asuntos vascos (ámbito de decisión) y además tienen que aceptar el futuro, ya prefigurado cual va a ser, que los vascos decidan. Esta unilateralidad es incompatible con las normas de derecho más elementales de los contratos y de la convivencia democrática, ya que ignora a la otra parte.
18. La convivencia en una organización descentralizada del Estado exige la lealtad de las diferentes partes, así como la corresponsabilidad de todas ellas en la gestión de los intereses generales de la nación. La falta de lealtad y de sintonía entre las partes provocan un profunda perturbación política que afecta a la convivencia y a los derechos y libertades del ciudadano.
19. El debate de las discrepancias exige condiciones de igualdad y unir fines y procedimientos. Si únicamente se debate sobre los procedimientos (autodeterminación; referéndum; decidir el futuro; diálogo) y no se unen a las finalidades a alcanzar (independencia; legitimación; eliminar decisiones pasadas; legitimar propuestas antidemocráticas) ni se sitúan en un contexto concreto (falta de libertad por coacción violenta), no es posible un avance en la convivencia cívica.
20. Dialogar cívicamente implica hacerlo sin coacción, en relación de igualdad y sobre contenidos democráticos. Es decir, dialogar bajo el chantaje terrorista, con falta real de libertad en gran parte de la población y sobre cuestiones o planteamientos ilegítimos y antidemocráticos, sólo sirven para legitimarlos y no es garantía de lograr un buen objetivo consensuado.
21. La defensa del Estado. El Estado es imprescindible. Sin su naturaleza de organización política unitaria, referente de autoridad, que garantice los derechos de la ciudadanía, la igualdad ante la ley, promueva la solidaridad, elimine barreras y desequilibrios, facilite la existencia de los valores éticos y morales, las relaciones sociales tienden a anularse. Su inexistencia en determinados espacios, su conculcación, en ocasiones, desde su propia estructura, facilita, en sentido contrario, las condiciones para la pérdida de la convivencia, los instintos más primarios en los individuos, el odio al semejante, la violencia, e incluso puede accederse al enfrentamiento civil. Proceso del que hemos sido testigos, desgraciadamente, en la crisis de la Exyugoslavia y situaciones muy concretas germinales en el País Vasco. En este sentido consideramos al Estado como un elemento fundamental a defender, descubrimiento civilizador en la etapa del liberalismo político, garante de la libertad y marco para el sostenimiento en las condiciones más adecuadas de los valores éticos.
22. Un Estado consolidado. Cualquier Estado no garantiza la convivencia democrática. Un Estado para la garantía de dicha convivencia política y el respeto y fomento de los derechos de la ciudadanía debe articularse en contrapoderes nítidos y eficaces que tiendan a controlar el ejercicio del poder. Dichos contrapoderes deben limitar, así mismo, los posibles excesos de comportamientos partidistas, y favorecer la existencia de la nación.
23. Las Victimas del terrorismo. No existe comportamiento cívico sin solidaridad, ni democracia sin honor. España exige el necesario homenaje a las victimas que han entregado su vida en favor de la convivencia democrática. Las víctimas del terrorismo tienen que ser elevadas al rango de los héroes en el altar de nuestra patria constitucional, transcendiendo su sacrificio, su muerte, en un sentido constructivo para la convivencia de la ciudadanía y el fortalecimiento de la nación. El Estado debe potenciar los honores a las personas que en el ejercicio de sus funciones ponen en riesgo sus propias vidas en la defensa de nuestros derechos y el marco político que nos hemos otorgado.
Si quieres, tú también puedes hacer aportaciones, a través de nuestro buzón.
Más información y comentarios sobre el Movimiento Cívico.
Editores, 20/9/2004
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