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Hacia un final de ETA
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Sería deseable que el conjunto de 'quienes corresponda' hiciesen algo que, sin establecerse contraprestaciones políticas, permita a ETA presentar un discurso de transformación de la necesidad en virtud; una interpretación políticamente creíble y soportable de su cese. (Les responde Florencio Domínguez)
Limitar la reflexión sobre ETA a una valoración de las últimas detenciones resulta insuficiente. Parece conveniente introducir la dimensión del impacto en los deseos y propuestas acerca del final definitivo de ETA; tener en cuenta cómo ha evolucionado el impacto de las acciones de ETA sobre el sistema político vasco.
Desde hace ya un tiempo, los principales actores y procesos políticos que conforman el sistema político vasco no están determinados por la acción o inacción de ETA. Anteriormente, ETA podía 'razonablemente' equivocarse al interpretar que sólo el hecho de influir en cambios políticos era beneficioso para sus pretensiones. ETA estaba confundiendo su indiscutible protagonismo en agitaciones políticas con ser la beneficiaria de las mismas. Era protagonista, pero los beneficiarios eran otros. ETA ponía en movimiento procesos y cambiaba escenarios. Pero, al final de la cadena y de los reajustes correspondientes, el beneficiario directo o indirecto, cercano o lejano, era otro. En todo caso, hoy, tal confusión ya no resulta tan comprensible dado que no hay relación causa-efecto en ninguna dirección situada más allá de la propia ETA y su entorno de influencia.
Describamos esquemáticamente la evolución de estos impactos. A lo largo de su historia, en algunas ocasiones las acciones ETA han logrado que actores e instituciones centrales de la política vasca tomasen posiciones favorables a sus exigencias, y tales posiciones en ocasiones cristalizaban en cambios del contexto o marco jurídico/político. Así, por ejemplo, las negociaciones de Argel o el acuerdo de Lizarra.
En años más recientes ha continuado el impacto de ETA. Ha sido protagonista respecto a los cambios estratégicos que se han llevado por los actores principales del sistema. Pero, como apuntábamos, tales cambios no han redundado en beneficio de ETA. Recordemos, por ejemplo, la política antinacionalista vasca del PP, apoyándose en la violencia de ETA para opciones políticas evidentemente contrarias a los designios de ETA. O también el plus de legitimación con el que se presentaba el plan Ibarretxe. Se presentaba como un plan que iba a posibilitar acabar con el protagonismo violento de ETA. Pero al final el plan va en contra de los objetivos políticos de ETA (así lo dice sistemáticamente la propia ETA).
En el momento actual el impacto se limita a los espacios y actores definidos como del entorno de ETA. Nos referimos a cómo su persistencia provoca tanto convulsiones en la izquierda abertzale como, sobre todo, procesos de injustificable represión política; desde los cierres de 'Egin' y 'Egunkaria' a, muy especialmente, la ilegalización de Batasuna. Sin duda, en fases anteriores esta represión también existía. Antes, sin embargo, la misma 'contaminaba' en un sentido u otro al sistema. Otros actores políticos tomaban decisiones relevantes en respuesta a las acciones represivas. Hoy, al margen de las declaraciones retóricas, esos mismos actores responden con la pasividad política.
El impacto, pues, se limita al entorno. La estrategia más soberanista del nacionalismo vasco ha adquirido sustancial autonomía con relación a las acciones u omisiones de ETA. Y el PSE, en lo fundamental, ha dejado de usar argumentativamente la violencia de ETA en sus propuestas de controlados cambios políticos. Sólo el PP sigue haciendo referencia a ETA a la hora de justificar sus opciones, pero su discurso ya sólo tiene el sonido de la inercia.
Podría darse una excepción política a esta autonomía, a este blindaje frente a ETA del sistema político vasco. El que ETA opere como condicionante a una eventual consulta sobre el plan Ibarretxte u otra mayor o menor reforma del actual Estatuto. Parece que tal consulta sólo sería posible sin violencia. Sin embargo, antes o después, resulta probable que se produzca una reforma o revisión del actual Estatuto. Y resultaría más que probable que una validación popular de una reforma, apoyada con notable mayor consenso que el actual, no quedase paralizada por la persistencia de una residual violencia de ETA.
Un paréntesis. Nos referimos a impactos en relevantes actores o instituciones políticas; en sus posiciones y en las relaciones que establecen dentro del sistema político. Porque está claro que, a las potenciales víctimas de ETA, ésta les sigue impactando -aterrorizando- en sus vidas cotidianas. También hay que precisar la dinámica del impacto mediático. Éste continúa pero, a diferencia de épocas anteriores, sus mensajes no aparecen conectados (como causa o consecuencia) a cambios relevantes en los protagonistas del sistema político.
Así, el impacto político de ETA queda reducido a su entorno y, por otro lado, sufre muy importantes detenciones. En consecuencia, parece que lo que debería hacer ETA es autodisolverse en silencio. ETA debería ser consciente de que ha llegado a un callejón sin salida. Es decir, que nada de lo que haga o diga va a cambiar a su favor la situación política, ni va a cambiar la posición o fortaleza de sus potenciales aliados o al supuesto beneficiario final de sus acciones. Un buen ejercicio para adquirir esa conciencia sería recordar la evolución -la sistemática reducción- de sus propias exigencias. Desde (allá por los años de la alternativa KAS) exigir negociar directa y personalmente con el Estado los cambios políticos dirigidos a lograr la soberanía, a considerar suficiente que algunos partidos nacionalistas hagan una coalición electoral (apoyo a la propuesta de Bergara). Todas las peticiones, incluida la última, han sido rechazadas. Y además hoy nadie concede a ETA valor de uso político significativo, siendo la indiferencia política su actual situación.
El panorama define, y cambia sustancialmente, los términos de un supuesto de intercambio. En la medida en que antes el impacto jugaba en el espacio del conjunto del sistema, era planteable considerar modificaciones políticas del mismo a cambio del cese de la violencia. Hoy los impactos sólo afectan básicamente al espacio de ETA y su entorno, por lo que sólo ahí es posible plantearse los intercambios.
Con una situación así, parecería que lo lógico es que ETA lo dejase. Que tras la declaración de una tregua indefinida, entrase en un proceso de disolución e incorporación a la acción política pacífica. Pero obviamente una cosa son los diseños basados en las lógicas políticas y otra muy distinta las constricciones de las realidades políticas. El problema a resolver para ETA -y por supuesto para toda la sociedad- es cómo acabar, cómo abandonar de una vez por todas su actividad violenta sin contraprestación política directamente atribuida a sus exigencias. Cómo después de llevar más de 40 años asegurando que sacrificio, cárcel (más de 700 presos) y muerte tenían y tienen sentido, un día se dice que no; que nada ya tiene sentido y que hay que abandonar todo a cambio de nada. Especialmente después de haber sufrido en muchos casos graves violaciones de derechos humanos, torturas, una injustificable política de dispersión, de denegárseles los beneficios de la reinserción o el agravio comparativo que supone la doble vara de medir con respecto a los activistas de los GAL, siendo ejemplo significativo la excarcelación de Rodríguez Galindo.
Es ahora cuando tenemos que evitar -así se lo exige la sociedad vasca a sus gobernantes, especialmente al Gobierno central- que ETA opte por la salida desesperada, la de continuar con sus acciones a pesar de saber ya que nada de lo que haga tiene sentido político alguno. La salida es posibilitar a ETA la interpretación. Sería deseable que el conjunto de 'quienes corresponda' hiciesen algo a partir de lo cual ETA pueda plantear un discurso en el que otorgue sentido tanto a su pasado como al cese de su actividad. Que sin establecerse contraprestaciones políticas, distintas a las ya previstas o planificadas, se haga o diga algo que le permita a ETA presentar un discurso de transformación de la necesidad en virtud; una interpretación políticamente creíble y soportable de su cese. Creíble y soportable sobre todo para sus seguidores. Los presentes y también los pasados. Lamentablemente, los pasos dados hasta ahora han ido en la dirección contraria: el Pacto antiterrorista de PP y PSOE que ha permitido la ilegalización de Batasuna supone un atropello del Estado de Derecho sin precedentes en una democracia europea, pero también una enorme torpeza al eliminar una posible pista de aterrizaje para su incorporación a las vías políticas.
Dentro de un tiempo lo único que podrá hacer es o bien simplemente describir la inevitabilidad de su derrota o bien seguir con sus acciones, pero sabiendo que éstas no tienen ningún sentido, ni siquiera ya para ETA. Evitar este último escenario es un reto para nuestros gobernantes. Esperemos que sepan asumirlo, y posibilitar así el fin de esta pesadilla que ya dura demasiados años.
Pedro Ibarra, J. M. Castells, Luis Bandrés, Baleren Bakaikoa y J. G. Olascoaga, profesores de la UPV.
Discuten buena parte del fondo de este artículo Florencio Domínguez y Ainhoa Peñaflorida
Pedro Ibarra y otros, EL CORREO, 6/11/2004
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